LKS Next dirige una jornada sobre la Ley de Cooperativas de Euskadi en los Cursos de Verano de la UPV

La apertura del curso corrió a cargo de Martin Recalde, director de LKS Next Legal, quien puso de relieve la oportunidad de la celebración de esta jornada para determinar, desde una perspectiva integral, las implicaciones prácticas que ha traído consigo la nueva normativa desde su entrada en vigor en enero de 2020.

La nueva LCE promueve e impulsa la creación de cooperativas que contribuyan al interés general

La Jornada contó con dos mesas; la primera en la que han participado, Jon Lacunza, abogado de LKS Next Legal experto en derecho de sociedades cooperativas, que ha tratado sobre las modificaciones más importantes que las cooperativas han debido adoptar en sus estatutos, con el fin de adecuarlos a las exigencias legales previstas en la nueva LCE. La posibilidad de utilizar la página web como tablón de anuncios de la cooperativa, el nuevo alcance del derecho de información de las personas socias, o las modernas exigencias de gobierno corporativo impuestas al órgano de administración, han sido algunos de los aspectos que han sido objeto de análisis, porque la nueva LCE ha obligado a las cooperativas a actualizar su tratamiento en sus estatutos. El ponente ha efectuado análisis exhaustivo en relación con el fenómeno de las reuniones telemáticas (consejos rectores y asambleas), ya que, como consecuencia de las graves limitaciones de movilidad y reunión generadas con la pandemia, este tipo de actos y reuniones online han experimentado un gran auge.

Consecuencias de la nueva LCE

Ello le ha llevado a vaticinar que, en el futuro, estos instrumentos pueden resultar muy adecuados para fomentar la participación de las personas socias especialmente en las asambleas. A continuación, Josu Agirre, abogado de LKS Next Legal experto en derecho laboral cooperativo, ha desgranado las consecuencias más importantes que la nueva LCE ha acarreado en el ámbito laboral. Así, ha analizado,el nuevo régimen de la persona socia que trabaja en otra cooperativa distinta, el régimen disciplinario y el novedoso plazo de prescripción de las infracciones laborales en las que haya incurrido la persona socia y la nueva posibilidad de que el órgano de administración sea el competente para suspender o dar de baja obligatoria a la persona socia en circunstancias excepcionales siempre que así se haya previsto en los estatutos, poniendo de relieve, no obstante, que dicha posibilidad no ha sido utilizada por la mayoría de las cooperativas en su proceso de adaptación estatutaria a la nueva norma.

La cooperativa como instrumento organizativo

La segunda mesa se ha centrado en un tema de gran interés, ya que su contenido ha versado sobre la cooperativa como instrumento organizativo idóneo para llevar a cabo todo tipo de actividades y servicios. En tal sentido, Jon Lacunza ha vuelto a tomar la palabra para explicar las razones que explican que la cooperativa sirva para desarrollar actividades de toda índole, incluidas aquellas que pueden tener un componente público. Así, tras una breve exposición de las diferencias principales entre las cooperativas y las sociedades de capital, ha puesto de relieve que la nueva LCE promueve e impulsa la creación de cooperativas que contribuyan al interés general, y, que, por tanto, pueden ser utilizadas para realizar labores de naturaleza pública o que las administraciones se encargan de llevar a cabo. Por eso, a continuación, ha intervenido Eneko Anzuola, abogado de LKS Next Leal experto en derecho administrativo, quien, en una sugerente exposición, ha fundamentado la conveniencia de que la cooperativa pueda ser utilizada por las administraciones públicas para desarrollar actividades y servicios de índole publica, y, en cualquier caso, de interés general. Para lo cual ha proclamado la gran versatilidad de la figura de la cooperativa, que le permite llevar a cabo cualquier tipo de actividad de carácter público, y que, al mismo tiempo, hace posible que la administración competente pueda formar parte de la entidad encargada de la realización de dichas tareas o, incluso confiar completamente a ella dicha ejecución. De este modo, ha concluido afirmando que las actuaciones de interés público pueden ser llevadas a cabo por las cooperativas, abriéndose así un amplio campo para este tipo de entidades, que pueden experimentar un gran desarrollo si los poderes públicos les reconocen y atribuyen dicho importante papel.

La jornada ha concluido brillantemente con la conferencia pronunciada por la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Elena Pérez Barredo, quien ha expuesto los planes normativos de dicho Departamento, anunciando la inminente reforma de la LCE con el objeto de ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023 el plazo para la adaptación de los estatutos de las cooperativas a la nueva regulación. Además, en su intervención ha anunciado la redacción casi terminada del nuevo Reglamento del Registro de Cooperativas, que se espera vea la luz en el año 2022, y ha planteado como metas posteriores, la elaboración del Reglamento del régimen sancionador de las cooperativas y del Reglamento de Cooperativas en general, para un momento posterior, con el objeto de culminar la adecuación de toda la normativa reglamentaria al nuevo marco legal existente tras la promulgación de la LCE.

La jornada por tanto ha ofrecido una  visión integral de las implicaciones que para las cooperativas ha supuesto la nueva LCE y ha servido también para dibujar los nuevos horizontes que dicha figura puede desempeñar en el ámbito de la prestación de los servicios públicos.