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2012/05/31

(Gaztelaniaz) Llegó la hora que muchas personas esperábamos. Llegó la hora para los campamentos del MST en las fazendas de Solidor (Espigão Alto de Iguaçú) y Manasa (Porto Barreiro). Llegó la hora para Claudio, su familia y las otras 34 familias acampadas en la fazenda Solidor desde hace nueve interminables años.

Llegó la hora para Jorge, su familia y las otras 120 familias, que en breve, van a formar parte del asentamiento del MST "Porto Pinheiro" y que llevan 14 larguísimos años luchando por su derecho a la tierra y viviendo en condiciones realmente duras (por la situación de inseguridad y la falta de servicios básicos como la electricidad).

Recientemente pude asistir a un acto en el que el superintendente del Incra del Estado de Paraná presentaba a las familias acampadas en Solidor, el documento que definitivamente reconoce, después de un largo proceso judicial, que esas tierras son públicas, son federales, son "terras da União". Son tierras que fueron robadas por un terrateniente mediante documentos de propiedad falsificados contando con la connivencia de notarios, jueces y políticos locales y estatales. Este gran fraude es, en palabras de Josinaldo da Silva (abogado del MST que ha impulsado el proceso), "solo la punta del iceberg". Después de este caso van a venir más, se van a recuperar para el dominio público decenas de miles de hectáreas que han sido robadas durante décadas de opresión, de “coronelismo“, de dictadura militar, de falsa democracia que continuó defendiendo los privilegios de unos pocos ricos contra la mayoría ("somos el 99%").

Solidor, lucha por la tierra

El caso de Solidor, aún siendo un asentamiento pequeño, es un caso paradigmático de la lucha por la tierra en esta región. Estas tierras fueron ocupadas hace más de diez años. El Incra intervino, llevó a cabo un proceso mal gestionado y asentó a más de 30 familias en la zona. Aprovechando los errores cometidos en el proceso, el fazendeiro consiguió que una juez local revocara la concesión de las tierras y decretase el desalojo de las familias. Tras el desalojo el terrateniente procedió a destruir las casas e instalaciones (agua y electricidad) de las propiedades familiares. Para el MST esta injusticia se convirtió en una cuestión de honor. Se volvieron a ocupar las tierras y en paralelo se puso en marcha el proceso judicial a nivel federal. Durante estos nueve años las familias acampadas han tenido que soportar todo tipo de acosos y provocaciones por parte del fazendeiro y de su amiga juez. Han resistido a varias amenazas e intentos de desalojo, han visto como sus cosechas eran incautadas por orden de la juez local, han sufrido campañas de intoxicación por parte de la prensa local. Resistieron a todo ello y hoy la justicia federal les da la razón. Ahora solo queda hacer pagar al fazendeiro su delito y a la juez su prevaricación.

Tierras en manos del Incra

El caso es que estas tierras están ya en manos del Incra que va a proceder en breve a la constitución del asentamiento, las tierras van a ser entregadas en usufructo a las familias campesinas que las reclaman. A partir de ese momento estas tierras van a servir para sustentar a muchas familias, van a reforzar la economía local, la soberanía y seguridad alimentarias, las cooperativas populares y el Movimiento Sem Terra.

Con este paso se cierra el ciclo de Ocupar y Resistir, ahora entraremos en el de organizarnos y Producir. Y es aquí donde empezamos a hablar de cooperativas, de democracia económica, de autogestión, de planificación y de trabajar para ocupar nuestra cadena de suministro alimentario. La soberanía alimentaria precisa que controlemos no solo la producción sino también la industrialización y distribución de los alimentos que las personas necesitan.


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